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El CERMI denunciará a España ante la ONU por mantener en su legislación la esterilización forzosa de personas con discapacidad

08/08/2011

El CERMI denunciará ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas a España por mantener en nuestra legislación la posibilidad de esterilizar a las personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, sin su consentimiento.

El Código Penal español castiga como delito la esterilización no consentida, salvo en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente, que pueden serlo si así lo determina un juez, tras un procedimiento específico.

Esta previsión legal constituye una clara violación de los derechos de las personas con discapacidad ya que en ningún supuesto, ni aun con intervención judicial, una persona puede ser esterilizada sin su consentimiento.

A juicio del CERMI, se trata de un vestigio legal, propio de otras épocas, que ha de ser desterrado del ordenamiento jurídico con la mayor urgencia posible.

Desde la entrada en vigor en España de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en 2008, el CERMI ha venido exigiendo reiteradamente al Gobierno la derogación de esta posibilidad, sin que hasta el momento haya prosperado. Por esta razón, la plataforma de la discapacidad planteará ante la ONU esta vulneración de los derechos humanos de las personas con discapacidad, para que investigue la situación y recomiende a España la supresión de la esterilización forzosa mediante la modificación del Código Penal.